El Congreso rechaza tramitar una iniciativa popular que pide la venta
exclusiva de medicamentos en la farmacias
Los grupos estimaron que la propuesta reitera aspectos ya regulados, invade
competencias autonómicas y no aporta mejoras ni innovaciones.
Jano On-line y agencias. 12/06/2002 09:13
El pleno del Congreso de los Diputados rechazó por unanimidad la toma
en consideración de una proposición de Ley, presentada a través
de una iniciativa legislativa popular impulsada por el Colegio de Farmacéuticos
de Valencia con el aval de más de 1,3 millones de firmas, que perseguía
conceder a las oficinas de farmacia y a los servicios farmacéuticos
hospitalarios la exclusividad para dispensar medicamentos y productos farmacéutico-sanitarios.
Los diputados consideran, en términos generales, que la iniciativa
supone una "reiteración" de la normativa vigente y, en los casos que
aporta innovación, lo hace invadiendo las competencias autonómicas
y sin aportar mejoría alguna para el ciudadano. La proposición
de Ley hubiera tenido carácter de Ley básica de no haber sido
desestimada su toma en consideración por 288 votos en contra, ninguno
a favor y 2 abstenciones.
En su intervención en el pleno, el diputado popular Enrique
Castillo destacó la "deficiencia técnica legislativa" de la
propuesta por tratar de "regular conjuntamente" competencias correspondientes
a distintas administraciones, así como su carácter "redundante
con la legislación" existente e invasivo a las competencias autonómicas,
antes de confirmar su voto en contra.
Para el Grupo Socialista, el hecho de no "suponer un mejor servicio
para el ciudadano, ni más cómodo ni más cercano" y de
"no eliminar las trabas" para los profesionales farmacéuticos, además
de querer evitar la competencia en el sector e invadir las competencias autonómicas,
aumentando las del Estado, fueron motivos suficientes para votar en contra
de la tramitación de la propuesta. Sin embargo, la diputada socialista
Matilde Valentín dijo comprender parcialmente la iniciativa debatida
por considerar que es "consecuencia de la incapacidad del Gobierno para solucionar
determinados problemas".
En este sentido, recordó los 6 meses de demora que acumula la
futura Ley de Coordinación Sanitaria que, en su opinión, reflejan
una cierta "confusión" en el seno del Ministerio de Sanidad y Consumo
sobre la línea a seguir. Por otra parte, transmitió a los colectivos
implicados en el sector "que tengan algo que aportar" a iniciar conversaciones
con vistas a alcanzar un consenso desde el que ofrecer nuevas propuestas.
La iniciativa también fue rechazada incluso por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que suele apoyar este tipo de iniciativas "expresivas
de la voluntad popular de mantener el sistema actual de dispensación
del medicamento", objetivo del texto propuesto. Así lo expresó
su portavoz en la Cámara Baja, Marisa Castro, "lamentando" tener que
rechazar la propuesta al estimar que, aunque algunas de las "pocas" innovaciones
que plantea son "positivas", muchas no se ajustan a las directivas europeas
vigentes.
Por su parte, el Grupo Parlamentario Catalán (CiU), consideró
que la exclusividad en la dispensación de medicamentos que reclama
la propuesta "no es en absoluto beneficiosa ni para el sistema ni para los
usuarios" y que el establecimiento de horarios iguales para todas las oficinas
de farmacia de una región es una petición "rígida que
no favorece posibilitar el mejor servicio al usuario". En opinión
de su representante, Zoila Riera, la iniciativa "no es oportuna, ni mucho
menos idónea", contiene proposiciones "obsoletas y anacrónicas"
que, en el mejor de los casos, "no sirven para los objetivos" que persiguen,
y en su conjunto "no responde a las necesidades de los ciudadanos".
La proposición de Ley, que llegó al Congreso avalada
por 1,3 millones de firmas (800.000 más que el mínimo requerido
para su tramitación en las Cortes), fue igualmente rechazada por el
Grupo Parlamentario Vasco PNV, que consideró que el texto "poco aporta
en cuando al uso racional del medicamento y en cuanto a la calidad de la
prestación sanitaria".
Argumentos similares justificaron el voto negativo del Grupo Parlamentario
Mixto y de Coalición Canaria, cuya diputada Maria del Mar Julios aventuró
como uno de los motivos que pudieron llevar a la presentación de esta
iniciativa el "temor" en el sector farmacéutico a que el Estado tome
medidas unilaterales que puedan afectarle negativamente, aunque señaló
que "ello no va a evitarlo esta proposición".