AMNISTIA INTERNACIONAL

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12 de septiembre del 2002


España: Debe respetarse el derecho a la protesta pacífica en el País Vasco

En vísperas de la manifestación que se celebrará el próximo sábado en Bilbao en apoyo al suspendido grupo político Batasuna, Amnistía Internacional ha instado a las autoridades españolas y vascas a asegurar que los derechos fundamentales a la libertad de expresión y la protesta pacífica no se ven socavados por recientes iniciativas legislativas que parecen prohibir este tipo de actos.

El 2 de septiembre, tras la suspensión de las actividades de Batasuna (1), un juez de instrucción dictó un auto que parece ampliar las potestades para la prohibición de cualquier reunión o manifestación (ya fuere por grupos o por individuos) que se refiera a Batasuna o a su suspensión. El juez señaló que la resolución que suspende las actividades de Batasuna incluye todas las actividades directa o indirectamente realizadas por Batasuna, sus miembros o dirigentes o personas vinculadas al grupo. También queda prohibido cualquier símbolo, logotipo, pancarta, anuncio o similar que se refiera a Batasuna.

Según informes, en otra resolución judicial, dictada el 6 de septiembre, se estableció que la prohibición de celebrar manifestaciones impuesta al grupo nacionalista vasco no abarcaba los actos organizados por otros partidos o individuos. No obstante, no ha quedado claro el alcance concreto de las diversas medidas adoptadas y se ha censurado al gobierno vasco por permitir la celebración de una manifestación pacífica el fin de semana pasado.

Amnistía Internacional reconoce que tanto las autoridades españolas como las vascas tienen derecho a adoptar medidas para garantizar la seguridad de todas las personas que se encuentran en su territorio. La organización también ha condenado en forma reiterada e inequívoca la ininterrumpida campaña de homicidios civiles que libra ETA, así como los numerosos actos de intimidación políticamente motivados y los incidentes de violencia callejera que, a lo largo de los años, han venido poniendo en peligro la vida de los miembros de la población.

«No obstante, los abusos cometidos por ETA no deben utilizarse como excusa para justificar la erosión de las libertades fundamentales. Cuando nos enfrentamos a graves abusos contra los derechos humanos, la defensa de estas libertades se vuelve aun más importante», dice Amnistía Internacional.

La organización teme que la resolución judicial del 2 de septiembre pueda interpretarse como una prohibición de celebrar cualquier protesta pacífica contra las diversas iniciativas actuales encaminadas a dejar fuera de la ley a Batasuna. Si tal es el caso, no hay duda alguna de que se estarían conculcando los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la protesta pacífica.

«Las autoridades españolas y vascas deben aclarar esta cuestión y asegurar que se seguirán protegiendo estos derechos internacionalmente reconocidos», insta Amnistía Internacional.

Información general

El 26 de agosto, un juez de instrucción de la Audiencia Nacional ordenó la suspensión durante un periodo de tres años, prorrogable a cinco, de las actividades políticas y económicas de Batasuna, por considerar que este grupo era una parte importante e intrínseca de la estructura de ETA. Al mismo tiempo, el Congreso español instó al gobierno a que solicitara al Tribunal Supremo la ilegalización de Batasuna. Por su parte, el fiscal general interpuso demanda ante el Tribunal Supremo para la disolución del grupo.

La coalición Batasuna, anteriormente conocida como Herri Batasuna y después como Euskal Herritarrok, se formó en 1978 y desde entonces ha actuado como un partido parlamentario legal. La orden de suspensión sucede a la entrada en vigor, a mediados de este año, de la enmendada Ley Orgánica de Partidos Políticos. Conforme al artículo 9 de esta ley, se declarará ilegal a cualquier partido político que no respete los principios democráticos y los valores constitucionales; que vulnere sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales al promover, justificar o exonerar ataques contra el derecho a la vida y a la integridad de las personas; que fomente, propicie o legitime la violencia; o que complemente y apoye políticamente la acción de organizaciones «terroristas».(2)

Poco después de ordenarse la suspensión de las actividades de Batasuna, Amnistía Internacional recibió información en la que se indicaba que la policía autónoma vasca había clausurado las oficinas de Bilbao de Torturaren Aurkako Taldea (TAT), grupo vasco que trabaja para oponerse a la tortura. La policía también clausuró la oficina de Etxerat!, organización de familiares de presos vascos.

1 Batasuna es una coalición parlamentaria de partidos políticos que, en la opinión generalizada, constituye el brazo político del grupo armado vasco Euskadi Ta Askatasuna (ETA).

2 En mayo de 2002, la Sección Española de Amnistía Internacional expresó su preocupación por algunos aspectos de la nueva ley en el documento titulado Comentarios de la sección española de Amnistía Internacional al proyecto de ley orgánica de partidos políticos. En especial, la Sección señalaba que la ambigüedad de la redacción de ciertos pasajes podía dar lugar a que se proscribieran los partidos que tuvieran metas políticas similares a las de los grupos armados pero que no hubieran empleado la violencia ni propugnado su uso.