La ilegalización de partidos políticos en España
La aceleración de la
degeneración democrática en España ha situado los
niveles de garantías por debajo de unos mínimos de
legitimidad. El Régimen español -convertido en unos de los
principales rentistas de los crímenes de ETA- ha creado el delito
de identidad con el terrorismo, mediante el cual se ha multiplicado el
número de presos políticos y represaliados
administrativos. Las náuseas ante los crímenes de ETA,
junto con un descomunal adoctrinamiento de los medios de propaganda,
está favoreciendo que la población demócrata
española esté relativizando la mayor involución
desde la Transición franquista.
Desconocemos el futuro alcance del
delito de identidad con el terrorismo, pero ha sido aplicado
exhaustivamente. Cada
acusación termina con presos o represaliados. Para el Régimen, el partido
político ilegalizado "es" ETA, los grupos parlamentarios
disueltos "son" ETA, las juventudes de dicho partido "son" la cantera de
ETA, los periódicos cerrados "son" publicaciones de ETA, las
asociaciones sociales clausuradas "son" ETA, los centros sociales
cerrados "son" de ETA, las listas electorales anuladas "son" ETA, las
páginas en Internet cerradas "son" de ETA, los concejales
encarcelados "son" de ETA. Y por supuesto, quienes nos atrevemos a
criticar severamente la involución "somos" pro-ETA(!!).
Expresamos nuestro máximo
desprecio hacia el nacionalismo españolista del Régimen
que rentabiliza políticamente el dolor, y hacia el nacionalismo
vasquista por su continua simpatía hacia el crimen
político de ETA. Ambos han provocado el mayor retroceso de la
canija predemocracia española.
Esta página mantiene información de los principales hitos
de esta escalada represiva.
Asimismo Demopunk Net mantiene información de
investigación democrática sobre el derecho de
autodeterminación, que orgullosamente ofrecemos como
tecnología política al servicio del pacifismo
político.
9/MAYO/2003. El
Régimen español impide el derecho de voto al menos al 10%
de los votantes en el Norte de España, convirtiendo en
ilegítimas las próximas elecciones municipales.
La acelerada degeneración de las condiciones democráticas
en España ha alcanzado un punto de no retorno, al impedirse el
derecho efectivo del voto a los potenciales electores de un partido
regional ilegalizado.
Como ya se ha informado en otras ocasiones, la ilegalización de
este partido está acompañada por un espectacular
incremento de los presos políticos y los represaliados
administrativos, por una actitud de "simpatía" hacia el
terrorismo que el Régimen ha convertido en delito de "identidad"
con el terrorismo.
El Régimen español acaba de anular centenares de listas
electorales independientes por considerarlas "afines" al partido
ilegalizado hace meses. Este partido alcanzó en las
últimas elecciones un 10% de los votos, con un techo del 18.9% en
1990. No existe ninguna posibilidad efectiva de que más del 10%
de los votantes en el Norte de España pueda ejercer su libertad
política de elegir sus representates municipales.
Es altamente probable que esta degeneración democrática
provoque una espiral de violencia la próxima jornada electoral
del 25 de Mayo, y durante la constitución de los futuros e
ilegítimos ayuntamientos.
Demopunk Net hace un llamamiento muy especial para evitar todo tipo de
violencia, tanto al Régimen como a la población afectada.
El pacifísmo político es una obligación moral que
no admite ninguna excusa.
5/MARZO/2003. Derechos civiles en España, material
plástico en manos de las élites.
Aunque el seguimiento de los derechos civiles en España
está fuera de los objetivos de las páginas de Demopunk
Net, nos vemos de nuevo en la obligación de difundir el grave
deterioro que están sufriendo en España, bajo la coartada
de la lucha contra el "terrorismo".
Desde hace meses, la estrategia político-mediática del
Régimen español consiste en identificar al grupo
terrorista ETA con su entorno de "simpatía". No se trata de una
identificación retórica, es una sólida identidad
que se traduce en un delito de complicidad con el crimen, y que ha
llevado a la cárcel a políticos, periodistas, y activistas
sociales. Quienes denunciamos que esta estrategia conduce a la
existencia de verdaderos presos políticos tenemos que soportar
insultos y veladas amenazas, aguantar la simplicidad maniquea de ser
acusados de cómplices del terror (!!). El deterioro de los
derechos civiles es una evidencia, al menos para la minoría que
desea conservarlos (la mayoría de la sociedad española
permanece en los mismos históricos niveles de apatía
política). De todo ello, hemos informado anteriormente: 10/JUL/02, 9/SEP/02 y 20/SEP/02.
En esta ocasión nos hacemos eco de la denuncia de Amnistía
Internacional del cierre de un periódico y detención
incomunicada de sus directivos. Después de diez días,
desconocemos todavía los fundamentos de semejante acto. Como en
otras ocasiones sólo disponemos de la información
difundida por los propios medios de propaganda del Régimen, que
insisten en el mencionado delito de "identidad" con el grupo terrorista
ETA. Para las páginas de Demopunk, las denuncias y alertas de
Amnistía Internacional merecen toda la credibilidad al mantener
coherentemente una continúa condena frente a la violencia.
Esta situación convive con numerosas detenciones de personas de
origen musulmán, sometidas a la legislación
"antiterrorista", bajo acusaciones de participación en la red del
denominado "terrorismo mundial". En el límite del esperpento,
estas detenciones son aireadas sonoramente por los medios de propaganda,
y hasta la fecha en TODOS los casos los acusados han terminado en libres
por ausencia de pruebas.
20/SEPTIEMBRE/2002. Continúa la
descomposición democrática del Régimen
español
Como se esperaba, la ilegalización del partido
político EH continúa provocando la descomposición
democrática del Régimen español. La presidencia de
un parlamento regional ha retirado la mayoría de los derechos
políticos a los diputados electos que pertenecen a dicho partido,
bajo circunstancias tan irregulares que se teme una peligrosa
involución democrática. El procedimiento ha consistido en
disolver su grupo parlamentario, motivado por una resolución
judicial no firme.
Aunque el Art.67.2 de
la constitución española proclama pomposamente que los
diputados no están sujetos a ningún mandato externo, la
triste realidad es otra. Las listas cerradas en las elecciones
legislativas y la prohibición a los diputados del voto secreto en
el parlamento (véase Art.85
del Reglamento del Congreso) convierten a nuestros representantes
electos en títeres de los redactores de las listas electorales.
Pero mantener la mascarada constitucional de que los diputados no
sufren mandato externo, implica que los reglamentos de todos los
parlamentos permite que los diputados se agrupen "libremente"; no se
establece ningún criterio de agrupación por partidos, es
supuestamente una decisión individual de cada diputado. Por ello,
durante el mes de Agosto los demócratas españoles se
sorprendían por la resolución de un juez de bajo rango que
"ordena" a los parlamentos regionales disolver un grupo parlamentario
debido a la ilegalización de un partido.
Aunque los Grupos Parlamentarios son de hecho la transfiguración
institucional de los partidos políticos, constitucionalmente no
existe vínculo entre un partido y los diputados electos. La
ilegalización de un partido no puede provocar que diputados
electos pierdan sus derechos políticos más importantes,
que se ejercen mediante los grupos parlamentarios. Ningún
reglamento parlamentario -ni nacional ni regional- se ha atrevido
todavía a regular contra la mascarada constitucional que niega
hipócritamente el vínculo entre diputados y partidos
políticos; simplemente, ningún parlamento está
preparado para cumplir semejante "orden" judicial.
Pero las élites regionales de Navarra han resuelto tanta
incongruencia. Dos semanas después de recibir la "orden"
judicial, el presidente del parlamento regional de Navarra junto con los
cuatro diputados que dirigen los grupos parlamentarios han redactado y
aprobado una
modificación del Reglamento que disuelve un grupo
parlamentario (y retira la aportación económica) si lo
ordena una resolución judicial; aunque no sea firme, aunque
proceda de un juez de bajo rango, incluso con carácter
retroactivo. Esta agresión de sólo cinco personas es
completamente legal, de acuerdo con el Art.40.2 del propio Reglamento.
El resto de los diputados regionales ni quieren ni pueden decir nada.
Ofrecemos el texto integro
para el lector interesado.
En un triste resumen, contemplamos como un juez de bajo rango, mediante
un simple auto judicial que no es firme y la evidente complicidad de las
élites regionales de Navarra (es decir, sólo seis
personas) cancelan los derechos políticos de representates
electos.
Cuando hablamos de involución democrática no se trata de
una expresión retórica. El parlamento regional del
País Vasco también ha recibido semejante "orden" judicial,
pero en este caso se niegan a modificar su reglamento, afirman que han
recibido una "orden" inaplicable. La reacción del Régimen
español ha sido alarmante; el presidente del Tribunal Supremo
amenaza con juzgar por desobediencia a los diputados regionales, las
élites más iracundas del nacionalismo español
reclaman públicamente que el poder nacional disuelva las
instituciones regionales (iniciativa con respaldo legal también:
el Art.155 de la
constitución parece copiado de la legislación franquista).
09/SEPTIEMBRE/2002. Involución
democrática en España. El Régimen ilegaliza un
partido con el 10% de los votos
Los demócratas españoles presencian alarmados
la más grave involución democrática desde la
Transición Franquista. Como se temía (véase
información del 10/Julio/2002) la ley de
ilegalización de partidos políticos ha sido aplicada
inmediatamente al partido EH, partido de ámbito regional con el
apoyo del 10% de los votos (en 1990 tenía un 18.3% de los
votos). En una secuencia de actos institucionales que ridiculiza la
separación de poderes, las élites nacionales han
ilegalizado este partido por su "relación" con la
organización violenta ETA, cuya actividad criminal, aunque
notablemente disminuida, sigue padeciendo el pueblo vasco y
español.
Precisamente en la subjetividad de la palabra "relación" reside
la gravedad de la involución española. Frente a la
homogénea propaganda del Régimen, aquellas personas
interesadas en conocer la realidad española deben saber que la
identidad entre EH y ETA es un tópico de propaganda que ofende a
la evidencia, que no existe una relación de complicidad
necesaria, que los crimenes de ETA no son planificados, ni financiados,
ni ejecutados por EH. Pero también deben conocer que existe una
relación de simpatía mútua, que algunas personas
han estado vinculadas a ambas organizaciones, que organizan homenajes a
presos y muertos de ETA, que las declaraciones de algunas personas son
clara apología de la violencia.
El partido EH ha sido ilegalizado por su "relación" de
simpatía con ETA; una activa simpatía que se manifiesta
sin pudor, provocando náuseas al colectivo pacifista y
demócrata en España. Pero la situación real
está muy lejos de la legitimidad moral para ilegalizar todo un
partido político. Los partidos políticos son
instituciones centrales en la actual cultura democrática;
prohibir un partido político es una gravísima
decisión que cancela intocables libertades políticas (en
este caso de miles de personas).
La involución democrática ha llegado al extremo de
prohibir incluso las nutridas manifestaciones pacíficas de
rechazo a la ilegalización, prohibir todo medio de
difusión simpatizante (prensa, páginas web, ...), cerrar
locales simpatizantes (bares, tabernas, ...), presionar política
y jurídicamente a EE.UU y Australia para cerrar páginas
web; y es previsible que la involución se acentue (véase noticias de Amnistía
Internacional). Sólo un Régimen cegado por su
nacionalismo españolista puede relativizar semejante
involución, apropiandose políticamente del dolor de las
víctimas de ETA mientras se niega a articular
pacíficamente el derecho de autodeterminación.
Es indecente ilegalizar un partido por una "relación" de
simpatía. No podemos entender por qué es más
despreciable la ausencia de condena de EH a los crímenes de ETA,
que los besos y agasajos del Jefe de Estado español (el monarca
Juan Carlos I) y de su primer ministro al dictador de Arabia Saudita.
Mejor haría el monarca Juan Carlos I en leer los informes de
Amnistía Internacional que en agasajar todos los veranos al
dictador saudita, o a los dictadores de Marruecos, Kuwait o Jordania.
Tampoco podemos entender por qué es más despreciable la
hipocresía de EH con la violencia de ETA, que el continuo rechazo
a reconocer el genocidio franquista por parte del partido que, desde el
gobierno, ha promovido esta ilegalización. ¿Si el
comportamiento de EH merece la ilegalización, qué merece
el comportamiento del monarca o del partido filofranquista?
Dadas las carencias de la defectuosa predemocracia española y la
indecente posición política del partido ilegalizado, eran
previsibles los actuales acontecimientos. Pero en esta pelea de gallos
existen más damnificados. El Régimen español, en
su afán por adoctrinar a la población, ha creado un
ambiente maniqueo. Quien no opina según el patrón oficial
es etiquetado como cómplice de los violentos; acusados
irónicamente por un régimen en permanente sospecha de
guerra sucia. Complicidad que en ocasiones tiene un precio: equipos
completos de televisión han sido represaliados por "defectos
formales" en informativos. Como consecuencia, el Régimen y sus
medios de propaganda presentan un paroxismo tan acentuado que genera
verdadero temor entre la población a expresar libremente sus
opiniones.
El lector también debe conocer que la organización
criminal ETA, gracias a la eficacia policial y a la colaboración
internacional, ha reducido notablemente su actividad, y que el partido
ilegalizado presenta un notorio declive electoral, quizás
atribuible a su hipocresía con la violencia. Por ello, somos
incapaces de comprender las maquiavélicas razones que esconde
este acto de violencia estructural de las élites nacionales.
Desde la pasion democrática reclamamos enérgicamente la
restitución de las libertades políticas en España.
10/JULIO/2002. El Régimen
español aprueba la ley de ilegalización de partidos
políticos
Acaba de ser aprobada, con pomposo nombre, la Ley Orgánica de Partidos
Políticos, sin embargo por encima del 80% de sus
artículos se dedican a reglamentar el procedimiento de
ilegalización de partidos políticos, el resto de ellos
no pasan de ser bonitas y huecas intenciones sin respaldo reglamentario.
Para aquellos que desconocen la penosa agenda política en
España merece la pena una breve explicación. La
tramitación de esta ley se debe a la virulenta
confrontación entre nacionalistas que satura la actualidad
politica española, de la cual las páginas de Demopunk han
informado en varias ocasiones (1/Marzo/2002, 22/Diciembre/2000, ...). Probablemente esta ley
provocará en breve la ilegalización de los partidos
políticos del independentismo vasco. La espiral de violencia
no acaba.
Pero ante todo para la población demócrata radical,
esta es una oportunidad perdida. Habría sido la ocasión de
abordar el gravísimo problema del "mandato imperativo" de
nuestros representantes, que mantiene podridas las raices del sistema
representativo de la predemocracia española (especialmente al
tratarse de nuestra única libertad política). Las
páginas de Demopunk han abordado en diferentes ocasiones esta
problemática y mantiene algunas secciones monográficas:
1/OCTUBRE/00. "Transfugismo" y
representación
27/ENERO/00. Las elecciones han
terminado
Por la Reforma Electoral en
España. Voto Personal Transferible
Elecciones Primarias de
Candidatos
El lector interesado puede comprobar como la ley no hace la más
mínima mención al precepto constitucional del "mandato
imperativo" (y mucho menos lo reglamenta y protege), artículo 67.2;
artículo tan vacio y hueco como la presente ley, como su
constitution, y como el aburrido Régimen que sufrimos.
Simplemente, este problema no existe para las élites que nos
gobiernan.
La mencionada ley es tan penosamente monográfica que ni siquiera
aborda el importante problema de la financiación de los partidos
políticos, que es despachado con una referencia a la actual Ley
Orgánica sobre Financiación de los Partidos
Políticos de 1987; la cual ha demostrado ser un coladero de
corrupción que en algunos sectores industriales y financieros
llega a lastrar el propio crecimiento económico.
Prácticamente nadie nos acompaña en tan severas
críticas. Ni los medios de propaganda, ni los ámbitos
universitarios. Ni por supuesto ningún partido político
(de izquierda a derecha), realmente los principales beneficiarios de
un Régimen capaz de prohibir el voto secreto a sus diputados en
las decisiones de importancia, véase el impresionante artículo 85 del
Reglamento del Congreso español.
La Historia es caprichosa. Mientras se aprobaba esta decepcionante ley,
de nuevo -como ya ocurrió en Enero/1999-
el Presidente del Gobierno en un mismo acto sustituye ministros, nombra
al Presidente del Senado, sustituye a Presidentes de Comunidades
Autónomas y reorganiza cargos internos de su partido. Todo un
ejemplo de separación de poderes y de ausencia de "mandato
imperativo" en los representantes. En el límite del esperpento,
otro personaje de la élite política nos ofrece las
siguientes declaraciones (una guinda final para el lector todavía
escéptico):
"... quien realmente elige a los candidatos es el
Comite Electoral que yo presido. No tengo más que decir que
quien decide estatutariamente y quien realmente elige a los candidatos
es el Comite Electoral Nacional" (ABC,
28/Jun/2002).
1/MARZO/2002. Espiral de represión
política en España
En los últimos meses han sido encarceladas en España
decenas de personas relacionadas con el movimiento independentista
vasco. Los crímenes políticos de la organización
terrorista ETA están siendo la emotiva excusa para desarticular
políticamente el independentismo vasco.
Lo que se inició como ambiguas leyes de apología del
terrorismo, han terminado con la represión carcelaria de un
elevado número de personas. Los cargos penales que
transcienden a la opinión pública son inaceptables en
un régimen de libertades públicas. Los medios de
propaganda informan que se encarcela por realizar "las relaciones
públicas internacionales" de ETA, se encarcela por
"señalar en prensa" los objetivos de ETA, por pertencer a "la
cantera" de ETA, por participar en "grupos de apoyo a los presos" de
ETA. Decenas de personas permanecen en la cárcel a la espera
de semejantes juicios.
Como era de esperar muchas de estas decisiones judiciales, son
matizadas por organos judiciales superiores. Pero "casualmente" los
jueces que se han atrevido a semejantes matizaciones son apartados de
sus puestos por excarcelar irregularmente narcotraficantes. Una
"casualidad" parecida al caso del juez Gómez de Liaño que
se atrevió a juzgar a un lider de la guerra sucia contra
ETA, y que poco después fue expulsado de la carrera judicial
por prevaricación contra un magnate.
Durante estos meses se está preparando las leyes que
terminarán ilegalizando el partido independentista vasco.
La población demócrata es la primera victima
política de este conflicto entre nacionalistas españoles y
vascos. Por un lado se impone un estado donde el independentismo no
posee vías democráticas, y por otro el crimen
político de ETA destruye vidas y familias.
22/DICIEMBRE/2000. ETA y
Régimen. Náuseas ante el crimen político.
Alentados por la misma pasión con que las páginas de
Demopunk desenmascaran la ridícula autolegitimación
democrática del régimen español, expresamos
nuestras náuseas y hartazgo por los crímenes
políticos de ETA. Que no crean que la violencia estructural
que provoca la negación y represión del derecho de
autodeterminación les legitima ni siquiera a dar un par de
bofetadas a nadie, mucho menos a reventar vidas y familias.
Somos conscientes que el régimen español retroalimenta
generación tras generación la violencia política.
Que sus medios de propaganda provocan la ira de cualquier persona
medianamente informada. Por que la escasa población que
boquea algún respiro fuera de la burbuja mediática
sabe que el régimen ejerce la violencia física,
política y estructural cuando lo necesita. Pero ni el
régimen nos protege de ETA, ni ETA del régimen. Ni el
final de uno de ellos logrará acabar con la violencia
política. Los pirómanos nunca apagan un fuego.
La solución, lejana solución, sólo
procederá del permanente abucheo de una sociedad harta. Y debemos
hacer un llamamiento muy especial a los nacionalistas
demócratas, españolistas y vasquistas, para que
desactiven a sus hermanos locos.
Estamos hartos de todos vosotros. Caramba.
Carta bomba a
un amigo. Lucía Draín