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La ilegalización de partidos políticos en España


La aceleración de la degeneración democrática en España ha situado los niveles de garantías por debajo de unos mínimos de legitimidad. El Régimen español -convertido en unos de los principales rentistas de los crímenes de ETA- ha creado el delito de identidad con el terrorismo, mediante el cual se ha multiplicado el número de presos políticos y represaliados administrativos. Las náuseas ante los crímenes de ETA, junto con un descomunal adoctrinamiento de los medios de propaganda, está favoreciendo que la población demócrata española esté relativizando la mayor involución desde la Transición franquista.

Desconocemos el futuro alcance del delito de identidad con el terrorismo, pero ha sido aplicado exhaustivamente.
Cada acusación termina con presos o represaliados. Para el Régimen, el partido político ilegalizado "es" ETA, los grupos parlamentarios disueltos "son" ETA, las juventudes de dicho partido "son" la cantera de ETA, los periódicos cerrados "son" publicaciones de ETA, las asociaciones sociales clausuradas "son" ETA, los centros sociales cerrados "son" de ETA, las listas electorales anuladas "son" ETA, las páginas en Internet cerradas "son" de ETA, los concejales encarcelados "son" de ETA. Y por supuesto, quienes nos atrevemos a criticar severamente la involución "somos" pro-ETA(!!).

Expresamos nuestro máximo desprecio hacia el nacionalismo españolista del Régimen que rentabiliza políticamente el dolor, y hacia el nacionalismo vasquista por su continua simpatía hacia el crimen político de ETA. Ambos han provocado el mayor retroceso de la canija predemocracia española.

Esta página mantiene información de los principales hitos de esta escalada represiva.
Asimismo Demopunk Net mantiene información de investigación democrática sobre el derecho de autodeterminación, que orgullosamente ofrecemos como tecnología política al servicio del pacifismo político.




9/MAYO/2003. El Régimen español impide el derecho de voto al menos al 10% de los votantes en el Norte de España, convirtiendo en ilegítimas las próximas elecciones municipales.

La acelerada degeneración de las condiciones democráticas en España ha alcanzado un punto de no retorno, al impedirse el derecho efectivo del voto a los potenciales electores de un partido regional ilegalizado.

Como ya se ha informado en otras ocasiones, la ilegalización de este partido está acompañada por un espectacular incremento de los presos políticos y los represaliados administrativos, por una actitud de "simpatía" hacia el terrorismo que el Régimen ha convertido en delito de "identidad" con el terrorismo.

El Régimen español acaba de anular centenares de listas electorales independientes por considerarlas "afines" al partido ilegalizado hace meses. Este partido alcanzó en las últimas elecciones un 10% de los votos, con un techo del 18.9% en 1990. No existe ninguna posibilidad efectiva de que más del 10% de los votantes en el Norte de España pueda ejercer su libertad política de elegir sus representates municipales.

Es altamente probable que esta degeneración democrática provoque una espiral de violencia la próxima jornada electoral del 25 de Mayo, y durante la constitución de los futuros e ilegítimos ayuntamientos.

Demopunk Net hace un llamamiento muy especial para evitar todo tipo de violencia, tanto al Régimen como a la población afectada. El pacifísmo político es una obligación moral que no admite ninguna excusa.



5/MARZO/2003. Derechos civiles en España, material plástico en manos de las élites.

Aunque el seguimiento de los derechos civiles en España está fuera de los objetivos de las páginas de Demopunk Net, nos vemos de nuevo en la obligación de difundir el grave deterioro que están sufriendo en España, bajo la coartada de la lucha contra el "terrorismo".

Desde hace meses, la estrategia político-mediática del Régimen español consiste en identificar al grupo terrorista ETA con su entorno de "simpatía". No se trata de una identificación retórica, es una sólida identidad que se traduce en un delito de complicidad con el crimen, y que ha llevado a la cárcel a políticos, periodistas, y activistas sociales. Quienes denunciamos que esta estrategia conduce a la existencia de verdaderos presos políticos tenemos que soportar insultos y veladas amenazas, aguantar la simplicidad maniquea de ser acusados de cómplices del terror (!!). El deterioro de los derechos civiles es una evidencia, al menos para la minoría que desea conservarlos (la mayoría de la sociedad española permanece en los mismos históricos niveles de apatía política). De todo ello, hemos informado anteriormente: 10/JUL/02, 9/SEP/02 y 20/SEP/02.

En esta ocasión nos hacemos eco de la denuncia de Amnistía Internacional del cierre de un periódico y detención incomunicada de sus directivos. Después de diez días, desconocemos todavía los fundamentos de semejante acto. Como en otras ocasiones sólo disponemos de la información difundida por los propios medios de propaganda del Régimen, que insisten en el mencionado delito de "identidad" con el grupo terrorista ETA. Para las páginas de Demopunk, las denuncias y alertas de Amnistía Internacional merecen toda la credibilidad al mantener coherentemente una continúa condena frente a la violencia.

Esta situación convive con numerosas detenciones de personas de origen musulmán, sometidas a la legislación "antiterrorista", bajo acusaciones de participación en la red del denominado "terrorismo mundial". En el límite del esperpento, estas detenciones son aireadas sonoramente por los medios de propaganda, y hasta la fecha en TODOS los casos los acusados han terminado en libres por ausencia de pruebas.



20/SEPTIEMBRE/2002. Continúa la descomposición democrática del Régimen español

Como se esperaba, la ilegalización del partido político EH continúa provocando la descomposición democrática del Régimen español. La presidencia de un parlamento regional ha retirado la mayoría de los derechos políticos a los diputados electos que pertenecen a dicho partido, bajo circunstancias tan irregulares que se teme una peligrosa involución democrática. El procedimiento ha consistido en disolver su grupo parlamentario, motivado por una resolución judicial no firme.

Aunque el Art.67.2 de la constitución española proclama pomposamente que los diputados no están sujetos a ningún mandato externo, la triste realidad es otra. Las listas cerradas en las elecciones legislativas y la prohibición a los diputados del voto secreto en el parlamento (véase Art.85 del Reglamento del Congreso) convierten a nuestros representantes electos en títeres de los redactores de las listas electorales.

Pero mantener la mascarada constitucional de que los diputados no sufren mandato externo, implica que los reglamentos de todos los parlamentos permite que los diputados se agrupen "libremente"; no se establece ningún criterio de agrupación por partidos, es supuestamente una decisión individual de cada diputado. Por ello, durante el mes de Agosto los demócratas españoles se sorprendían por la resolución de un juez de bajo rango que "ordena" a los parlamentos regionales disolver un grupo parlamentario debido a la ilegalización de un partido.

Aunque los Grupos Parlamentarios son de hecho la transfiguración institucional de los partidos políticos, constitucionalmente no existe vínculo entre un partido y los diputados electos. La ilegalización de un partido no puede provocar que diputados electos pierdan sus derechos políticos más importantes, que se ejercen mediante los grupos parlamentarios. Ningún reglamento parlamentario -ni nacional ni regional- se ha atrevido todavía a regular contra la mascarada constitucional que niega hipócritamente el vínculo entre diputados y partidos políticos; simplemente, ningún parlamento está preparado para cumplir semejante "orden" judicial.

Pero las élites regionales de Navarra han resuelto tanta incongruencia. Dos semanas después de recibir la "orden" judicial, el presidente del parlamento regional de Navarra junto con los cuatro diputados que dirigen los grupos parlamentarios han redactado y aprobado una modificación del Reglamento que disuelve un grupo parlamentario (y retira la aportación económica) si lo ordena una resolución judicial; aunque no sea firme, aunque proceda de un juez de bajo rango, incluso con carácter retroactivo. Esta agresión de sólo cinco personas es completamente legal, de acuerdo con el Art.40.2 del propio Reglamento. El resto de los diputados regionales ni quieren ni pueden decir nada. Ofrecemos el texto integro para el lector interesado.

En un triste resumen, contemplamos como un juez de bajo rango, mediante un simple auto judicial que no es firme y la evidente complicidad de las élites regionales de Navarra (es decir, sólo seis personas) cancelan los derechos políticos de representates electos.

Cuando hablamos de involución democrática no se trata de una expresión retórica. El parlamento regional del País Vasco también ha recibido semejante "orden" judicial, pero en este caso se niegan a modificar su reglamento, afirman que han recibido una "orden" inaplicable. La reacción del Régimen español ha sido alarmante; el presidente del Tribunal Supremo amenaza con juzgar por desobediencia a los diputados regionales, las élites más iracundas del nacionalismo español reclaman públicamente que el poder nacional disuelva las instituciones regionales (iniciativa con respaldo legal también: el Art.155 de la constitución parece copiado de la legislación franquista).




09/SEPTIEMBRE/2002. Involución democrática en España. El Régimen ilegaliza un partido con el 10% de los votos

Los demócratas españoles presencian alarmados la más grave involución democrática desde la Transición Franquista. Como se temía (véase información del 10/Julio/2002) la ley de ilegalización de partidos políticos ha sido aplicada inmediatamente al partido EH, partido de ámbito regional con el apoyo del 10% de los votos (en 1990 tenía un 18.3% de los votos). En una secuencia de actos institucionales que ridiculiza la separación de poderes, las élites nacionales han ilegalizado este partido por su "relación" con la organización violenta ETA, cuya actividad criminal, aunque notablemente disminuida, sigue padeciendo el pueblo vasco y español.

Precisamente en la subjetividad de la palabra "relación" reside la gravedad de la involución española. Frente a la homogénea propaganda del Régimen, aquellas personas interesadas en conocer la realidad española deben saber que la identidad entre EH y ETA es un tópico de propaganda que ofende a la evidencia, que no existe una relación de complicidad necesaria, que los crimenes de ETA no son planificados, ni financiados, ni ejecutados por EH. Pero también deben conocer que existe una relación de simpatía mútua, que algunas personas han estado vinculadas a ambas organizaciones, que organizan homenajes a presos y muertos de ETA, que las declaraciones de algunas personas son clara apología de la violencia.

El partido EH ha sido ilegalizado por su "relación" de simpatía con ETA; una activa simpatía que se manifiesta sin pudor, provocando náuseas al colectivo pacifista y demócrata en España. Pero la situación real está muy lejos de la legitimidad moral para ilegalizar todo un partido político. Los partidos políticos son instituciones centrales en la actual cultura democrática; prohibir un partido político es una gravísima decisión que cancela intocables libertades políticas (en este caso de miles de personas).

La involución democrática ha llegado al extremo de prohibir incluso las nutridas manifestaciones pacíficas de rechazo a la ilegalización, prohibir todo medio de difusión simpatizante (prensa, páginas web, ...), cerrar locales simpatizantes (bares, tabernas, ...), presionar política y jurídicamente a EE.UU y Australia para cerrar páginas web; y es previsible que la involución se acentue (véase noticias de Amnistía Internacional). Sólo un Régimen cegado por su nacionalismo españolista puede relativizar semejante involución, apropiandose políticamente del dolor de las víctimas de ETA mientras se niega a articular pacíficamente el derecho de autodeterminación.

Es indecente ilegalizar un partido por una "relación" de simpatía. No podemos entender por qué es más despreciable la ausencia de condena de EH a los crímenes de ETA, que los besos y agasajos del Jefe de Estado español (el monarca Juan Carlos I) y de su primer ministro al dictador de Arabia Saudita. Mejor haría el monarca Juan Carlos I en leer los informes de Amnistía Internacional que en agasajar todos los veranos al dictador saudita, o a los dictadores de Marruecos, Kuwait o Jordania. Tampoco podemos entender por qué es más despreciable la hipocresía de EH con la violencia de ETA, que el continuo rechazo a reconocer el genocidio franquista por parte del partido que, desde el gobierno, ha promovido esta ilegalización. ¿Si el comportamiento de EH merece la ilegalización, qué merece el comportamiento del monarca o del partido filofranquista?

Dadas las carencias de la defectuosa predemocracia española y la indecente posición política del partido ilegalizado, eran previsibles los actuales acontecimientos. Pero en esta pelea de gallos existen más damnificados. El Régimen español, en su afán por adoctrinar a la población, ha creado un ambiente maniqueo. Quien no opina según el patrón oficial es etiquetado como cómplice de los violentos; acusados irónicamente por un régimen en permanente sospecha de guerra sucia. Complicidad que en ocasiones tiene un precio: equipos completos de televisión han sido represaliados por "defectos formales" en informativos. Como consecuencia, el Régimen y sus medios de propaganda presentan un paroxismo tan acentuado que genera verdadero temor entre la población a expresar libremente sus opiniones.

El lector también debe conocer que la organización criminal ETA, gracias a la eficacia policial y a la colaboración internacional, ha reducido notablemente su actividad, y que el partido ilegalizado presenta un notorio declive electoral, quizás atribuible a su hipocresía con la violencia. Por ello, somos incapaces de comprender las maquiavélicas razones que esconde este acto de violencia estructural de las élites nacionales.

Desde la pasion democrática reclamamos enérgicamente la restitución de las libertades políticas en España.



10/JULIO/2002. El Régimen español aprueba la ley de ilegalización de partidos políticos

Acaba de ser aprobada, con pomposo nombre, la Ley Orgánica de Partidos Políticos, sin embargo por encima del 80% de sus artículos se dedican a reglamentar el procedimiento de ilegalización de partidos políticos, el resto de ellos no pasan de ser bonitas y huecas intenciones sin respaldo reglamentario.

Para aquellos que desconocen la penosa agenda política en España merece la pena una breve explicación. La tramitación de esta ley se debe a la virulenta confrontación entre nacionalistas que satura la actualidad politica española, de la cual las páginas de Demopunk han informado en varias ocasiones (1/Marzo/2002, 22/Diciembre/2000, ...). Probablemente esta ley provocará en breve la ilegalización de los partidos políticos del independentismo vasco. La espiral de violencia no acaba.

Pero ante todo para la población demócrata radical, esta es una oportunidad perdida. Habría sido la ocasión de abordar el gravísimo problema del "mandato imperativo" de nuestros representantes, que mantiene podridas las raices del sistema representativo de la predemocracia española (especialmente al tratarse de nuestra única libertad política). Las páginas de Demopunk han abordado en diferentes ocasiones esta problemática y mantiene algunas secciones monográficas:

1/OCTUBRE/00. "Transfugismo" y representación
27/ENERO/00. Las elecciones han terminado

Por la Reforma Electoral en España. Voto Personal Transferible
Elecciones Primarias de Candidatos

El lector interesado puede comprobar como la ley no hace la más mínima mención al precepto constitucional del "mandato imperativo" (y mucho menos lo reglamenta y protege), artículo 67.2; artículo tan vacio y hueco como la presente ley, como su constitution, y como el aburrido Régimen que sufrimos. Simplemente, este problema no existe para las élites que nos gobiernan.

La mencionada ley es tan penosamente monográfica que ni siquiera aborda el importante problema de la financiación de los partidos políticos, que es despachado con una referencia a la actual Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos de 1987; la cual ha demostrado ser un coladero de corrupción que en algunos sectores industriales y financieros llega a lastrar el propio crecimiento económico.

Prácticamente nadie nos acompaña en tan severas críticas. Ni los medios de propaganda, ni los ámbitos universitarios. Ni por supuesto ningún partido político (de izquierda a derecha), realmente los principales beneficiarios de un Régimen capaz de prohibir el voto secreto a sus diputados en las decisiones de importancia, véase el impresionante artículo 85 del Reglamento del Congreso español.

La Historia es caprichosa. Mientras se aprobaba esta decepcionante ley, de nuevo -como ya ocurrió en Enero/1999- el Presidente del Gobierno en un mismo acto sustituye ministros, nombra al Presidente del Senado, sustituye a Presidentes de Comunidades Autónomas y reorganiza cargos internos de su partido. Todo un ejemplo de separación de poderes y de ausencia de "mandato imperativo" en los representantes. En el límite del esperpento, otro personaje de la élite política nos ofrece las siguientes declaraciones (una guinda final para el lector todavía escéptico):
"... quien realmente elige a los candidatos es el Comite Electoral que yo presido. No tengo más que decir que quien decide estatutariamente y quien realmente elige a los candidatos es el Comite Electoral Nacional" (ABC, 28/Jun/2002).



1/MARZO/2002. Espiral de represión política en España

En los últimos meses han sido encarceladas en España decenas de personas relacionadas con el movimiento independentista vasco. Los crímenes políticos de la organización terrorista ETA están siendo la emotiva excusa para desarticular políticamente el independentismo vasco.

Lo que se inició como ambiguas leyes de apología del terrorismo, han terminado con la represión carcelaria de un elevado número de personas. Los cargos penales que transcienden a la opinión pública son inaceptables en un régimen de libertades públicas. Los medios de propaganda informan que se encarcela por realizar "las relaciones públicas internacionales" de ETA, se encarcela por "señalar en prensa" los objetivos de ETA, por pertencer a "la cantera" de ETA, por participar en "grupos de apoyo a los presos" de ETA. Decenas de personas permanecen en la cárcel a la espera de semejantes juicios.

Como era de esperar muchas de estas decisiones judiciales, son matizadas por organos judiciales superiores. Pero "casualmente" los jueces que se han atrevido a semejantes matizaciones son apartados de sus puestos por excarcelar irregularmente narcotraficantes. Una "casualidad" parecida al caso del juez Gómez de Liaño que se atrevió a juzgar a un lider de la guerra sucia contra ETA, y que poco después fue expulsado de la carrera judicial por prevaricación contra un magnate.

Durante estos meses se está preparando las leyes que terminarán ilegalizando el partido independentista vasco.

La población demócrata es la primera victima política de este conflicto entre nacionalistas españoles y vascos. Por un lado se impone un estado donde el independentismo no posee vías democráticas, y por otro el crimen político de ETA destruye vidas y familias.



22/DICIEMBRE/2000. ETA y Régimen. Náuseas ante el crimen político.

Alentados por la misma pasión con que las páginas de Demopunk desenmascaran la ridícula autolegitimación democrática del régimen español, expresamos nuestras náuseas y hartazgo por los crímenes políticos de ETA. Que no crean que la violencia estructural que provoca la negación y represión del derecho de autodeterminación les legitima ni siquiera a dar un par de bofetadas a nadie, mucho menos a reventar vidas y familias.

Somos conscientes que el régimen español retroalimenta generación tras generación la violencia política. Que sus medios de propaganda provocan la ira de cualquier persona medianamente informada. Por que la escasa población que boquea algún respiro fuera de la burbuja mediática sabe que el régimen ejerce la violencia física, política y estructural cuando lo necesita. Pero ni el régimen nos protege de ETA, ni ETA del régimen. Ni el final de uno de ellos logrará acabar con la violencia política. Los pirómanos nunca apagan un fuego.

La solución, lejana solución, sólo procederá del permanente abucheo de una sociedad harta. Y debemos hacer un llamamiento muy especial a los nacionalistas demócratas, españolistas y vasquistas, para que desactiven a sus hermanos locos.

Estamos hartos de todos vosotros. Caramba.

Carta bomba a un amigo. Lucía Draín